El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda federal contra el Estado de Nueva Jersey y la gobernadora Mikie Sherrill, buscando anular la Orden Ejecutiva Nº 12, una directiva firmada a principios de este mes que restringe el uso de propiedades estatales por parte de agentes federales de inmigración.

La demanda, presentada en un tribunal federal, sostiene que la orden estatal interfiere ilegalmente con la aplicación de la ley federal de inmigración y viola principios constitucionales de supremacía federal. El caso marca una escalada significativa en el conflicto entre el gobierno federal y el liderazgo de Nueva Jersey sobre el papel de las autoridades estatales en la cooperación con Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Qué establece la Orden Ejecutiva 12

La Orden Ejecutiva Nº 12 prohíbe que agentes federales de inmigración ingresen a áreas no públicas de propiedades estatales sin una orden judicial válida. También impide que dichas propiedades se utilicen como centros de detención, procesamiento, puntos de reunión o bases operativas para acciones de inmigración civil.

La directiva se aplica únicamente a instalaciones controladas, operadas o arrendadas por agencias del Poder Ejecutivo del estado, incluyendo edificios administrativos y estacionamientos estatales. No regula directamente a gobiernos locales ni a propiedades privadas.

Argumentos del gobierno federal

En su demanda, el Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que la orden estatal viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución al intentar regular y discriminar contra la aplicación de la ley federal.

Los abogados federales sostienen que la política de Nueva Jersey obstaculiza intencionalmente la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y crea barreras operativas indebidas para los agentes federales.

Respuesta del estado de Nueva Jersey

Funcionarios estatales han rechazado las acusaciones y prometieron defender la orden ejecutiva en los tribunales. La fiscal general interina de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, afirmó que el estado está actuando dentro de su autoridad legal para regular el uso de su propia propiedad y garantizar la seguridad pública.

Según la administración estatal, la demanda federal representa un uso innecesario de recursos y un intento de invalidar decisiones legítimas tomadas por el estado para separar funciones estatales de la aplicación de inmigración civil.

Declaraciones de la gobernadora Sherrill

La gobernadora Sherrill respondió públicamente a la demanda, señalando que el objetivo de la orden no es impedir la aplicación de la ley federal, sino establecer límites claros sobre cómo y dónde pueden operar los agentes de inmigración dentro de instalaciones estatales.

Sherrill afirmó que, en lugar de atacar a estados que buscan proteger a sus residentes, el gobierno federal debería centrarse en mejorar la capacitación y los protocolos de seguridad de sus propios agentes.

Contexto adicional

Como parte de una iniciativa paralela, la administración de Nueva Jersey lanzó recientemente un portal en línea que permite a los residentes subir videos y reportes relacionados con interacciones con agentes federales de inmigración. Esta medida ha generado críticas adicionales por parte de funcionarios federales y ha intensificado el debate nacional sobre inmigración y autoridad estatal.

El resultado del litigio podría tener implicaciones más amplias para otros estados que han adoptado políticas similares para limitar la cooperación estatal con la aplicación de inmigración civil federal.

Fuentes

• Demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentada en tribunal federal
• Comunicados oficiales del Estado de Nueva Jersey
• Declaraciones públicas de la gobernadora Mikie Sherrill
• Documentos de la Orden Ejecutiva Nº 12