Las autoridades federales arrestaron a cuatro personas acusadas de operar un sofisticado esquema de fraude migratorio que presuntamente afectó a migrantes vulnerables en Nueva Jersey y Nueva York, haciéndose pasar por abogados e incluso por jueces federales de inmigración.

Los fiscales afirman que el grupo dirigía un bufete de abogados ficticio que organizaba audiencias judiciales falsas, cobraba miles de dólares a las víctimas y aseguraba falsamente haber resuelto sus casos migratorios, dejando a algunos migrantes en riesgo de deportación sin saberlo.

Según funcionarios federales del Distrito Este de Nueva York, tres hermanos — Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, de 25 años; Jhoan Sebastian Sánchez Ramírez, de 29; y Alexandra Patricia Sánchez Ramírez, de 38 — fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando presuntamente intentaban abordar vuelos solo de ida hacia Colombia.

Una cuarta acusada, Marlyn Yulitza Salazar Pineda, de 24 años, fue arrestada en un restaurante en Nueva Jersey. Una quinta persona mencionada en la acusación formal permanece fuera de la custodia de Estados Unidos.

Según informes, algunos de los acusados se encontraban en Estados Unidos bajo un permiso migratorio (“parole”), mientras que otro estaba en el país con visa de turista.

Cómo Funcionaba el Presunto Esquema

Los fiscales federales alegan que los acusados operaban un falso bufete de abogados de inmigración que:

• Anunciaba sus servicios principalmente a través de Facebook

• Cobraba a inmigrantes desde cientos hasta miles de dólares por representación legal

• Organizaba audiencias judiciales falsas por videoconferencia

• Se hacía pasar por jueces de inmigración y funcionarios federales

• Entregaba documentos fraudulentos que afirmaban que los casos estaban resueltos

Las autoridades señalan que las víctimas fueron llevadas a creer que sus asuntos migratorios habían sido resueltos con éxito. En realidad, algunos presuntamente perdieron plazos legítimos ante la corte. Los fiscales destacaron al menos un caso en el que una víctima recibió una orden real de deportación — posteriormente revocada — tras confiar en los servicios fraudulentos.

Los investigadores estiman que el esquema generó al menos 100,000 dólares en pagos por parte de las víctimas.

Cargos Presentados

Los acusados enfrentan múltiples cargos federales, incluidos conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y suplantación falsa de un funcionario federal. De ser declarados culpables, podrían enfrentar penas significativas de prisión.

Funcionarios federales describieron el caso como una explotación deliberada de inmigrantes que navegan un sistema legal complejo. Defensores de los derechos de los inmigrantes suelen advertir a los migrantes que verifiquen la legitimidad de los abogados a través de los colegios de abogados estatales o de organizaciones sin fines de lucro acreditadas, ya que las estafas de “notarios” y servicios legales falsos han aumentado en todo el país en los últimos años.

El caso continúa bajo investigación.

Fuentes

The Guardian — “US group allegedly ran fake law firm and court proceedings to scam immigrants” (Feb. 21, 2026)

Fox News — “Colombian nationals allegedly ran fake law firm, impersonated federal judges to defraud migrants out of $100K” (Feb. 21, 2026)

United States Department of Justice — Official indictment and charging documents, U.S. District Court for the Eastern District of New York

U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York — Press release and court filings related to the arrests